Tema1.
El desarrollo
responsable en la costa. Por Guillermo Quirós A. Oceanógrafo.
Somos dueños de un país cuyo territorio cubre 640.283 km2, de
los cuales 92% es marino. Bordeando tal territorio se extienden 1.412km de
bellas playas, ensenadas, golfos y bahías; cuyo valor en el mercado
internacional alcanza cuatro mil billones de dólares, producto de considerar
solo el valor del primer kilómetro tierra adentro. Este enorme capital está manejado
por las grandes empresas transnacionales, las cuales no dudan en pagar míseras
granjerías de todo orden para garantizar su inversión.
No obstante esta realidad
tangible, nuestros gobernantes no han incorporado de manera racional estos
recursos naturales al desarrollo nacional. Se ha “ignorado” esta dimensión
nacional, así como las oportunidades que
ofrece para el futuro la última frontera
de la humanidad, dejando en manos de los gobiernos locales su manejo; y la
evidencia indica que los errores cometidos son de gran magnitud, irreversibles
y muy contrarios al desarrollo
sostenible. Privilegios, exoneración de impuestos, bienes a perpetuidad, entrega de
servicios públicos, crédito estatal ilimitado, obligación de las instituciones
públicas de suministrar agua, electricidad, telefonía y redes viales; son
algunas concesiones inaceptables para nuestro pueblo establecidas por ley. Por
ejemplo el modelo papagayo se gesta
en 1982 con la ley 6758 y es notorio que a lo largo de sus documentos
estratégicos palabras claves como: daño
ambiental, contaminación, responsabilidad ambiental, disponibilidad de agua
potable, capacidad de carga y fragilidad
ambiental; esenciales en la planificación del desarrollo costero que
debieran caracterizar una obra de esta envergadura, están ausentes. Ello
indica, sin mayor reparo, que estas variables ligadas al desarrollo responsable
y serio, son ajenas a un modelo visto como fuente de grandes negocios con
tierras de todos. Bahía Culebra, corazón del proyecto, otrora paraíso marino
pletórico de vida y con el mejor arrecife del país, se encuentra amenazado por
los impactos combinados de hoteles y marinas colindantes con el arrecife. Corrientes
marinas alteradas, flujos de sedimentos, arenas y lodos; ponen en evidencia que
la legislación y sus actores han quedado cortos en la protección de nuestros
valiosos recursos costeros. La iniciativa se aprobó pues ofrecía generar empleo
y riqueza nacional, solo que los empleos son de
mucamas y la riqueza de unos pocos inversionistas, sin que el derrame incae llegue a la población.
Pero se obliga a la banca estatal y a las instituciones de servicio público,
donde también están los amigos, a financiar la infraestructura.
Misma que se vende como parte del paquete que se ofrece al capital
internacional. Si los recursos naturales y los servicios estratégicos como
agua, energía y telefonía son limitados, se extraen de comunidades vecinas,
menospreciando los intereses locales.
Mucho de lo cual tiene una génesis cultural, pues nuestra educación ni
siquiera ha profundizado históricamente en el significado del nombre de nuestro
país. Por un lado la palabra costa
indica que la realidad de nuestro pueblo está ligada a esa bella conjunción
donde el océano besa el continente. Técnicamente corresponde a la región del territorio
que va decenas de kilómetros adentro, donde es palpable la mezcla de la sal del
océano con el agua de los ríos; allí donde las especies marinas adaptadas a los
ambientes estuarinos desovan; hasta el lugar donde la plataforma continental
penetra en las profundidades marinas siempre en tinieblas. Esta amplia franja
de tierra y agua, tiene un ancho medio de 40 kilómetros en el Pacífico y de 25 kilómetros
en el Caribe, con insospechada cantidad de recursos marinos: minerales, energéticos,
vivos, renovables e irrenovables, degradados y vírgenes algunos. Se ubica aquí la
delgada franja del litoral, donde
yacen las playas rocosas o de arena, los acantilados e islotes, los estuarios
–o esteros-; de los cuales el Golfo de Nicoya y el Golfo Dulce son los más
fieles exponentes, las desembocaduras de los ríos donde los contaminantes de
las ciudades y del agro van a mezclarse con las algas, los peces, los moluscos;
y los grandes viveros -o humedales- que se encuentran en sus riberas.
Y la palabra rica -referida a la costa- no se refiere a las ilusiones que
motivaron los dijes de oro que colgaban en los cuellos de los indígenas, es un real
potencial que solo las transnacionales del turismo han incorporado a su
patrimonio
La educación es esencial: nuestra geografía obliga a que los niños debieran
conocer que es un delfín, una ola y una corriente marina, tan bien como conocen
la importancia de los volcanes, el suelo y el café. Los jóvenes de las costas debieran saber lo importante
de los arrecifes, la vulnerabilidad de las especies que ahí habitan, lo frágil
del manglar y del porqué no se puede construir a menos de 300m de la playa en
un ecosistema tropical. Ellos en 25 años administrarán este país. Tendrán que
enfrentar cómo darle techo, comida y trabajo a 15 millones de personas. Por
ello tenemos la responsabilidad de abrir su mente a nuevos horizontes del
desarrollo, garantizando desde ya la preservación de sus recursos
naturales.
La evaluación seria del “desarrollo costero” nos debe conducir
a soluciones que logren armonía y sostenibilidad en las decisiones políticas.
Es urgente llevar a cabo una revisión a fondo de toda la normativa nacional
sobre el manejo y administración de la zona costera. No se pueden seguir
aprobando leyes como la pretendida Ley de Marinas y Atracaderos Turisticos, con
el propósito tan solo de facilitar las inversiones foráneas en la zona costera,
violentando inclusive princpios jurídicos que establecen controles sobre la
misma región geográfica. Proyectos de ley que se aprovechan –por un lado- de la
gran confusión e ignorancia de nuestros legisladores y –por otro-, de la falta
de entendimiento sobre el manejo apropiado de estos frágiles ecosistemas,
destinados a desaparecer en pocos años si no hacemos un alto en el camino y
ordenamos nuestro país en este campo estratégico.
La fuerte inversión internacional, la generación de empleo
y la rapidez del trámite administrativo para los inversionistas; son las únicas
razones esgrimidas para aprobar nuevas leyes. Por el contrario, el modelo que
se debe impulsar debe asentarse sobre el raigambre social de las comunidades
costeras, facilitar la apropiación y el manejo responsable de los recursos
marinos, propiciando –por ejemplo- el turismo rural ecológico. Y desde luego la
inversión foránea puede ser importante, pero enmarcada en normas de
proporcionalidad y genuino esfuerzo nacional. Jamás en el desplazamiento y el
menosprecio social de quienes son hijos de la cálida tierra.
En momentos de desarrollo costero caótico, el país requiere
de un análisis pausado y serio de los proyectos que comprometen los recursos
marinos por varias décadas o a perpetuidad. Es preciso sentar sólidas bases
para que el desarrollismo no termine ahogando las comunidades. Una pausa es
también prudente para la prometedora empresa turística nacional, la cual no
puede resisitir el paso acelerado de la gran competencia foránea. El problema
en la zona costera no es el empleo, es la dignidad laboral e igualdad de
oportunidades en un crecimiento razonable también para nuestros capitales
criollos. Es progresar en armonía con el ambiente y con el vecino. Es generar
riqueza para todos y para todas con dignidad; con una fuerte participación
comunal.
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